Un mando de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que las nuevas evidencias fueron localizadas en la parte lateral de una casa edificada en el interior del predio, en el mismo sector donde la Fiscalía General del Estado (FGE) exhumó en febrero pasado seis cadáveres cercenados, cinco hombres y una mujer, de los cuales uno ya fue identificado por sus familiares.
Lo anterior, explicó la autoridad a cargo de las diligencias, fue producto de una búsqueda en apenas un 10 por ciento del predio ubicado en la comunidad Rancho Nuevo, Tihuatlán, cuya extensión territorial oscila en las seis hectáreas.
La Silla Rota y E-Consulta Veracruz, publicaron el 26 de abril de 2017, el reportaje titulado El Campo de Exterminio que gobierno de Veracruz ocultó en el cual se evidenció que, tras la exhumación de seis cadáveres por parte de la autoridad veracruzana, familiares regresaron a La Gallera el 01 de marzo de 2017 y encontraron 22 puntos con al menos 100 restos óseos, un horno atestado con ceniza y marcas de sangre impregnadas en tres habitaciones de la vivienda abandonada.
El trabajo fue desacreditado por el Fiscal General Jorge Winckler, quien aseguró en una carta enviada a un noticiero de proyección nacional que no había más restos en el terreno, que los seis cadáveres repartidos en tres fosas clandestinas.
"Dicen (los familiares) que después volvieron a ir y encontraron más restos. Eso es falso, no hay más restos que los que se encontraron en ese momento (el 30 de marzo de 2017)", aseguró Winckler Ortiz en diversos medios de comunicación.
Dichas aseveraciones fueron criticadas por Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas, en una reunión sostenida con los familiares el 09 de mayo de 2017, al señalar que ´el Fiscal Jorge Winckler se había resbalado en una entrevista banquetera al negar los descubrimientos civiles en el rancho La Gallera´.
Aunado a lo anterior, la Fiscalía aseguró en un comunicado que "todos y cada uno de los hallazgos han sido resguardados y se encuentran en proceso de análisis, en estricto apego a los protocolos periciales y de cadena de custodia vigentes en nuestro país" (sic).
Sin embargo, a siete meses de haberse emitido dicho boletín, los integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aseguran que no han sido informados sobre esos descubrimientos, incluido el cráneo con las características de un menor de edad.
Familiares de desaparecidos aseguran que el rancho La Gallera fue alterado
El mando de la PGR refirió que integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda, manifestaron que el predio fue aparentemente alterado "por los responsables de los crímenes que aquí se cometieron o por las mismas autoridades".
Las víctimas aseguraron que un 70 por ciento de las prendas que se encontraron en las primeras diligencias sorpresivamente fueron desaparecidas del rancho, por lo que exigieron se investigue a los presuntos responsables.
La autoridad de la PGR explicó que el resto de las prendas tampoco fueron resguardadas por la autoridad estatal, y, en consecuencia, fueron afectadas por la humedad propia del lugar y dejaron de ser materia útil para el reconocimiento genético.
Aseguró que, debido al estado de las vestimentas, ellos se limitarán a realizar un catálogo que posteriormente expondrán a familiares de desaparecidos de la región norte de Veracruz, para una posible identificación.
Sobre el abandono de prendas, así como de posibles restos humanos restos, Celestino Espinoza Rivera, abogado penalista, advirtió que, en un caso extremo, dicha negligencia también beneficiaría a criminales.
"Podría modificar el estado de la evidencia de tal forma que pierdan su eficacia para acreditar los hechos en un proceso; con esto ayudan a la defensa de los imputados para que les resulte muy sencillo argumentar que se trata de evidencia sembrada".
El especialista advirtió que, "a los servidores públicos podrían atribuirse conductas de responsabilidad administrativa por faltar a los deberes de legalidad y eficiencia, incluso hasta penal, como el caso del incumplimiento de un deber legal en perjuicio de las víctimas indirectas, por no seguir los protocolos de cadena de custodia, que ordenan el debido fijado, embalado y procesamiento de indicios y evidencias".
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció en entrevista con este medio la negligencia de parte de la Fiscalía veracruzana en el procesamiento forense, "aun cuando hay más indicios de que podría haber más restos de desaparecidos".
El funcionario federal opinó que, aunado a la falta de normas, "me parece que en algunos casos existe la abierta complicidad de algunas autoridades (con la delincuencia organizada) en estos procesos terribles como en las desapariciones en Veracruz".
Fue el resultado en el segundo día de búsqueda en La Gallera, en apenas un 10 por ciento del predio que fue empleado por la delincuencia organizada desde 2011.
Las autoridades federales no descartan prolongar las diligencias debido a la posibilidad del hallazgo de nuevos restos humanos."
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