"Bajo arraigo domiciliario por un delito que asegura no haber cometido, conocido ciudadano de esta villa exige a la Fiscalía General del Estado y al Juzgado donde reside su proceso realizar una revisión minuciosa de su caso para recibir justicia.
En su demanda pública de atención a su asunto, el imputado, Juan Carlos Córdoba Ortiz, acusa que el proceso penal que enfrenta está lleno de irregularidades desde el inicio de la carpeta de investigación hasta la resolución de la jueza de control, pues se ha violado el debido proceso.
Todavía más, en sus declaraciones asegura que existe un velo de corrupción en el que están involucrados desde la fiscal especializada en delitos de violencia contra la familia, Janet López Cázares, quien inició las indagatorias, hasta el propio fiscal general Jorge Winckler Ortiz, pasando por las demás fiscales que le dieron seguimiento a su asunto, policías ministeriales y la jueza de control Lisbeth Jiménez Aguirre.
De inicio, Córdoba Ortiz señala que el delito que le es imputado, Violencia familiar equiparada en su modalidad de física y psicológica, en agravio de E. R. G., no es acreditable debido a que la mujer nunca ha sido su esposa, sino únicamente representó una relación sentimental fugaz.
Además de eso, indica, la presunta agraviada no acreditó plenamente sus lesiones, tanto que en marzo de 2018 se negó a ser revalorada, a pesar de que su defensa solicitó a la jueza de control del Distrito Judicial de Poza Rica citarla para dicho efecto.
En este sentido, apunta tener pruebas de que la fémina, maestra de profesión, nunca faltó a su trabajo por lo que no contó con incapacidad médica que justificara las lesiones que decía presentar.
Más aún, anota, en contra de ella él formuló tres denuncias penales: una por extorsión, estafa y amenazas (UIPJ/DVII/TIH/34/2017) y otra por intento de secuestro, intento de privación de la vida, daños y allanamiento (UIPJ (D7/F1/327/2018/XII, y una más por amenazas a una menor de edad (su hija) (839/2018) en la fiscalía especializada en la defensa del menor.
Todo ello debido a que en diferentes momentos ha sido acosado y atentado por sujetos presuntamente enviados por la mujer para intimidarlo.
Resalta que a pesar de que su comparecencia ante la fiscalía fue voluntaria, atendiendo al primer citatorio, y rindió su versión en torno al señalamiento que se le imputa, las fiscales María de Monserrat Castellanos Alejandre y Guadalupe García tampoco acreditaron las pruebas en su contra y aun así lo enviaron ante la jueza de control, quien sin valorar las pruebas de descargo lo vinculó a proceso, le impuso una multa de diez mil pesos y un arraigo por cuatro meses que enfrentará hasta el próximo mes de febrero.
En torno al velo de corrupción por falta de pruebas acreditables, tráfico de influencias e intimidaciones, puntualiza que ello se da desde el momento en que el abogado de E. R. G., de apellido Escudero, es padre de la ex fiscal María de la Luz Escudero Jonguitud, quien a su vez es o fue titular de la Firma Legal Winckler Ortiz y Abogados, especializado en servicios integrales jurídicos de prevención y litigio en el Puerto de Veracruz."
No hay comentarios.:
Publicar un comentario